La Dirección Provincial de Vivienda de Sancti Spíritus comenzó a promover la apertura de cuentas bancarias colectivas en edificios multifamiliares, con el propósito de que los residentes acumulen fondos destinados al mantenimiento y reparación de las áreas comunes.
La iniciativa adelanta en la práctica parte del modelo contemplado en el proyecto de la nueva Ley de la Vivienda, que prevé la creación de juntas de administración con facultades para establecer cuotas mensuales obligatorias entre los propietarios y ocupantes de cada inmueble.
El proceso comenzó después de la rotura de una bomba de agua que dejó sin servicio a 19 edificios del reparto Olivos 1. Según las autoridades provinciales, cada edificio debería disponer de recursos propios para responder ante averías y evitar que los vecinos tengan que realizar aportes de emergencia cuando se produce una rotura.
Las cuentas bancarias deberán contar con la autorización de los directores municipales de Vivienda y serían administradas por juntas vecinales. El dinero recaudado se utilizaría para cubrir gastos de limpieza, mantenimiento, reparación de bombas, iluminación y otras necesidades comunes.
Aunque la creación de fondos colectivos puede facilitar determinadas reparaciones, la medida también genera interrogantes sobre el traslado de responsabilidades estatales hacia familias que ya enfrentan bajos salarios, inflación, escasez y un fuerte deterioro de sus condiciones de vida.
Durante décadas, numerosos edificios multifamiliares en Cuba han acumulado problemas estructurales, filtraciones, ascensores fuera de servicio, sistemas hidráulicos deteriorados y áreas comunes sin mantenimiento. En muchos casos, los residentes aseguran que las instituciones responsables no ofrecen respuestas oportunas ni cuentan con materiales para ejecutar las reparaciones necesarias.
El proyecto legislativo plantea que las juntas de administración puedan aprobar cuotas vinculantes, lo que significaría que los vecinos estarían obligados a realizar pagos periódicos. Sin embargo, todavía no se conocen con claridad los mecanismos para determinar los importes, fiscalizar el uso del dinero o proteger a jubilados y familias vulnerables que no puedan asumir nuevos gastos.
También queda por definir quién responderá cuando el costo de una reparación supere los fondos acumulados o cuando los daños sean consecuencia del abandono institucional y no del uso ordinario del inmueble.
La experiencia iniciada en Sancti Spíritus podría extenderse posteriormente a otras provincias. No obstante, cualquier sistema de contribuciones obligatorias debería contar con normas transparentes, supervisión financiera y garantías para evitar irregularidades en la administración del dinero.
La creación de asociaciones o juntas vecinales puede contribuir a organizar la convivencia en los edificios, pero no debería utilizarse para descargar completamente sobre los residentes el costo de décadas de falta de mantenimiento. En un país donde muchas familias apenas pueden cubrir la alimentación y los servicios básicos, imponer nuevas cuotas sin mejorar los ingresos podría convertirse en una carga adicional difícil de sostener.
Fuente: Cibercuba
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