El Gobierno cubano presentó un proyecto de ley que contempla una de las mayores reorganizaciones de la Administración Central del Estado en décadas. La propuesta, que será debatida por la Asamblea Nacional en julio, reduciría el número de organismos principales y fusionaría ministerios estratégicos con el argumento de hacer más eficiente la gestión pública.
De aprobarse la iniciativa, la estructura estatal pasaría de 27 organismos a 20 ministerios, además del Banco Central de Cuba, mediante la integración de entidades que actualmente funcionan de manera independiente. El proyecto sostiene que la medida busca «reordenar, redimensionar y perfeccionar» la administración pública para lograr una mayor eficacia.
Uno de los cambios más significativos sería la creación del Ministerio de Agroalimentación, que reuniría bajo una sola institución las competencias relacionadas con la agricultura, la industria alimentaria, la producción azucarera, la pesca y la comercialización de esos productos. La nueva cartera asumiría además políticas sobre el uso de tierras agrícolas y forestales.
También se plantea la formación del Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, resultado de la unión de los actuales ministerios de Comercio Interior y de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Este organismo tendría amplias facultades sobre el comercio nacional e internacional, la inversión extranjera, la cooperación económica y la obtención de financiamiento externo.
En el ámbito económico, el proyecto propone fusionar el Ministerio de Economía y Planificación con el Ministerio de Finanzas y Precios para crear el Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación, que concentraría la planificación económica, la política tributaria, el presupuesto estatal, la tesorería, los precios y la administración del patrimonio público.
Otra de las modificaciones relevantes afectaría al sistema científico y universitario. El futuro Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología integraría la educación superior con las políticas de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, absorbiendo buena parte de las funciones que actualmente desempeña el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
La propuesta también contempla la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, una entidad que asumiría competencias relacionadas con los recursos hidráulicos, el ordenamiento territorial, la vivienda, la protección ambiental y la gestión de los recursos naturales, áreas que hoy se encuentran distribuidas entre varios organismos.
En materia de comunicación, el actual Instituto de Información y Comunicación Social adquiriría rango ministerial y se convertiría en el Ministerio de Información y Comunicación Social, con facultades para dirigir la política de comunicación, supervisar la publicidad institucional y gestionar la denominada Marca País, además de intervenir en procesos relacionados con la creación, reorganización o desaparición de medios de comunicación.
El Instituto Nacional de Deportes también cambiaría de categoría para convertirse en el Ministerio de Deportes y Recreación, mientras que otros organismos como los ministerios de Salud Pública, Relaciones Exteriores, Cultura, Justicia, Energía y Minas, Turismo, Transporte, Trabajo y Seguridad Social, así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, continuarían existiendo dentro de la nueva estructura.
El proyecto establece que la reorganización no sería inmediata. Una vez aprobada la ley y publicada en la Gaceta Oficial, entraría en vigor 60 días después, y los organismos involucrados tendrían hasta un año para completar las transferencias administrativas, de personal y de recursos materiales.
Sin embargo, el documento no especifica cuántos puestos de trabajo podrían verse afectados por la reestructuración, cuál será el costo de implementar los cambios ni el ahorro presupuestario que el Gobierno espera obtener con esta amplia reorganización del aparato estatal.
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