El Gobierno cubano negó que Irán mantenga drones militares almacenados en la isla y calificó las declaraciones del presidente Donald Trump como parte de una nueva campaña destinada a presentar a Cuba como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
Trump declaró el 13 de julio que su Administración investiga informes sobre la posible presencia en Cuba de drones y misiles iraníes. Aunque afirmó que esa posibilidad era “muy probable” y advirtió que Estados Unidos actuaría si se confirmaba, reconoció que la información todavía se encontraba bajo investigación.
En respuesta, funcionarios, comunicadores y perfiles vinculados al oficialismo cubano han insistido durante las últimas horas en que la isla no posee drones iraníes de ataque. Según esa versión, los equipos no tripulados mostrados públicamente por instituciones cubanas son aparatos comerciales de corto alcance, utilizados principalmente para vigilancia, filmación, inspección de instalaciones y otras operaciones civiles.
Algunas publicaciones cubanas sostienen que ciertos modelos pueden adquirirse en plataformas digitales por menos de cien dólares y que su radio de operación no supera varios kilómetros.
La controversia coincide con un nuevo paquete de sanciones estadounidenses contra el Ministerio de Turismo y otras entidades estatales vinculadas al comercio exterior, el transporte marítimo, la importación de combustibles y los servicios financieros. Washington asegura que esas instituciones contribuyen a financiar o facilitar mecanismos de represión interna.
El Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros también incluyeron en sus disposiciones a las denominadas Brigadas de Respuesta Rápida. Aunque voces oficialistas cubanas cuestionan que estas constituyan una organización formal con estructura jurídica propia, la OFAC las identifica como una entidad dedicada a actividades de orden público y sitúa su creación en junio de 1991. Por tanto, no resulta exacto afirmar simplemente que Washington sancionó una organización “inexistente”; la disputa se concentra en su naturaleza, estructura y relación con el Estado cubano.
En paralelo, cuatro congresistas demócratas —Mark Pocan, Teresa Leger Fernández, Maxine Dexter y Delia Ramírez— concluyeron una visita a Cuba durante la cual se reunieron con Miguel Díaz-Canel, autoridades, trabajadores sanitarios y representantes empresariales. Los legisladores criticaron el endurecimiento de las sanciones energéticas y sostuvieron que castigar económicamente a toda la población no constituye una vía eficaz para promover cambios políticos.
La coincidencia temporal entre las acusaciones sobre drones, las nuevas sanciones y la visita de los congresistas ha alimentado narrativas contrapuestas. La Habana presenta los señalamientos como la construcción gradual de un expediente que pudiera justificar una escalada, mientras Washington sostiene que debe investigar cualquier cooperación militar entre Cuba e Irán. La cuestión central sigue sin respuesta definitiva: mientras ninguna de las partes permita una verificación independiente, la denuncia estadounidense y la negativa cubana continuarán siendo afirmaciones políticas enfrentadas, no hechos plenamente demostrados.
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