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Cuba habría entregado al FBI expedientes de activistas de Miami no vinculados al incidente de la lancha

La Habana habría puesto en manos de agentes del FBI documentos de inteligencia sobre activistas del sur de la Floridadurante la visita técnica de funcionarios estadounidenses a la isla, en medio de la pesquisa por el tiroteo ocurrido el 25 de febrero contra una lancha rápida con matrícula de Estados Unidos. La presencia del FBI en Cuba y la investigación independiente sí han sido confirmadas públicamente, pero no existe hasta ahora confirmación oficial de Washington sobre la recepción o utilización de esos expedientes. 

De acuerdo con información conocida por CubaHerald, las autoridades cubanas habrían aprovechado el marco de esa cooperación limitada para trasladar a los investigadores estadounidenses archivos sobre figuras del exilio a las que La Habana considera una supuesta “amenaza a la seguridad”. Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia ni el propio FBI han informado públicamente si esos nombres guardan relación directa con el caso de la embarcación o si forman parte de un universo más amplio de personas vigiladas por los órganos de seguridad cubanos. 

La visita de los agentes federales a la capital cubana fue reportada esta semana por Reuters y The Associated Press, que señalaron que el equipo llegó a La Habana el 1 de abril de 2026 para desarrollar una investigación independiente sobre el incidente marítimo registrado semanas antes. Según la versión oficial cubana citada por ambos medios, una lancha con diez hombres armados intentó entrar en la isla y se produjo un enfrentamiento con fuerzas guardafronteras, con un saldo de cinco muertos y varios heridos. Washington, por su parte, ha insistido en que verificará los hechos de forma autónoma. 

Ese punto es clave. Aunque La Habana ha presentado el episodio como una “infiltración terrorista” organizada desde Miami, la administración estadounidense no ha respaldado públicamente esa caracterización. Marco Rubio declaró, según Reuters, que la operación no fue autorizada por el gobierno de Estados Unidos y que las autoridades estadounidenses sacarían sus propias conclusiones sin asumir como definitiva la narrativa oficial cubana. 

Si se confirma que durante esta visita se entregaron dossiers sobre opositores o activistas del exilio, el hecho abriría un frente especialmente delicado en el terreno político y legal. Para numerosos sectores de la comunidad cubana en Miami, el principal riesgo no sería solo el intercambio puntual de información en una pesquisa criminal, sino la posibilidad de que el gobierno cubano intente colocar bajo sospecha a voces críticas mediante expedientes elaborados por sus aparatos de inteligencia. Esa preocupación adquiere mayor peso en un contexto en el que La Habana suele equiparar disidencia, activismo y seguridad nacional dentro de una misma lógica de confrontación.

Por ahora, los hechos comprobados son estos: hubo un incidente armado el 25 de febrero, el FBI envió un equipo a Cuba para investigar de manera independiente y Estados Unidos no ha validado oficialmente la versión integral ofrecida por el gobierno cubano. Lo que sigue sin estar confirmado de forma pública es el contenido exacto de los intercambios entre ambas partes y si, en efecto, entre los materiales entregados figuran expedientes sobre activistas del sur de la Florida. En un asunto de esta sensibilidad, esa diferencia entre lo confirmado y lo alegado no es menor: puede definir si estamos ante una cooperación técnica limitada o ante un intento de La Habana de influir políticamente en la narrativa de la investigación. 

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