LA HABANA.— La Fiscalía General de la República informó que más de 460 investigaciones por delitos relacionados con el Sistema Eléctrico Nacional fueron iniciadas entre 2025 y el primer semestre de 2026, en medio de un endurecimiento de las respuestas penales contra quienes roben, dañen o alteren infraestructuras eléctricas en Cuba.
Los expedientes incluyen hechos clasificados como sabotaje, daños, robo con fuerza, hurto y receptación, con especial atención a las sustracciones y afectaciones capaces de interrumpir la generación o distribución de electricidad.
Según la Fiscalía, el 87% de los imputados presentados recibió prisión provisional como medida cautelar. El organismo señaló además que solicita sanciones severas y recurre a la figura penal de sabotaje cuando considera que las circunstancias del caso lo justifican.
Uno de los problemas más frecuentes es el robo de aceite dieléctrico utilizado en transformadores eléctricos. Durante el periodo analizado se registraron más de 300 denuncias por la sustracción de este producto en todas las provincias, con mayor incidencia en Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa.
Las investigaciones también abarcan el robo de cables, alambres, tornillos y piezas de torres de alta tensión, así como afectaciones en parques solares fotovoltaicos. De acuerdo con la información oficial, parte del aceite sustraído habría sido comercializado en el mercado informal para utilizarlo como combustible.
Desde mayo de 2025, un acuerdo del Tribunal Supremo Popular permite considerar como sabotaje determinados actos contra la infraestructura eléctrica y otros sistemas considerados críticos, incluyendo la sustracción, alteración o destrucción de componentes destinados al sistema electroenergético.
La Fiscalía asegura que todas las personas juzgadas durante 2026 por hechos ilícitos vinculados al Sistema Eléctrico Nacional fueron sancionadas por sabotaje, con condenas que se situaron mayoritariamente entre nueve y 20 años de prisión.
El Código Penal cubano contempla, sin embargo, penas todavía mayores para determinados casos de sabotaje. Los artículos 125 y 126 establecen sanciones que pueden ir desde siete hasta 30 años de privación de libertad, prisión perpetua e incluso la pena de muerte, aunque la existencia de estas penas en la legislación no significa que hayan sido aplicadas en los procesos divulgados recientemente.
Las autoridades sostienen que estos delitos han provocado interrupciones prolongadas del servicio eléctrico a miles de familias y han afectado instalaciones vinculadas con la producción de alimentos, el suministro de agua, las comunicaciones y el sector agropecuario. También se han reportado transformadores que no pudieron recuperarse después de sufrir daños.
La Fiscalía indicó además que algunas personas han muerto mientras intentaban realizar sustracciones en líneas energizadas, aunque no precisó cuántos fallecimientos se han registrado ni dónde ocurrieron. El Gobierno anunció igualmente un incremento de la vigilancia en instalaciones eléctricas y comunidades consideradas vulnerables.
El endurecimiento penal ocurre en uno de los momentos más críticos para el Sistema Eléctrico Nacional, marcado por prolongados apagones, averías en centrales termoeléctricas y un elevado déficit de generación. En ese contexto, cualquier daño adicional a transformadores, líneas o parques solares puede extender todavía más las afectaciones que enfrentan los consumidores.
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