Más de 150 pacientes con enfermedad renal crónica reciben tratamiento en condiciones cada vez más complejas en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Manuel Ascunce Domenech, de Camagüey, donde actualmente solo permanecen operativas 15 máquinas de hemodiálisis, según reconocieron fuentes oficiales cubanas.
Las autoridades atribuyeron la situación fundamentalmente a las sanciones económicas de Estados Unidos y a las dificultades para adquirir piezas de repuesto en el mercado internacional, una explicación recurrente del Gobierno cubano ante el creciente deterioro de sectores esenciales como la salud pública.
La doctora Jenny Rodríguez Lino, jefa del Servicio de Hemodiálisis del hospital, confirmó que varias máquinas se encuentran fuera de servicio debido a averías y a la falta de componentes para repararlas. Como consecuencia, el centro ha tenido que reorganizar los tratamientos para poder atender al mismo número de pacientes.
Actualmente, según explicó la especialista, las sesiones han sido ajustadas a cuatro horas, dos veces por semana, una medida adoptada para intentar garantizar que todos los pacientes continúen recibiendo atención a pesar de la limitada disponibilidad de equipos.
Los problemas no terminan ahí. La propia información oficial reconoce que las dificultades eléctricas también afectan directamente el funcionamiento de algunas máquinas. Varias de ellas tendrían las baterías deterioradas por el tiempo de explotación y pueden apagarse ante interrupciones del suministro eléctrico, obligando al personal de enfermería a intervenir manualmente para mantener la circulación de la sangre y evitar complicaciones durante el procedimiento.
Pese a este escenario, las autoridades aseguran que ningún paciente ha quedado sin recibir hemodiálisis, destacando el esfuerzo de médicos y enfermeros por mantener funcionando el servicio bajo condiciones extremadamente difíciles.
El discurso oficial cubano responsabiliza directamente a Washington. Esta semana, la relatora especial de Naciones Unidas sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe en el que sostuvo que las sanciones estadounidenses tienen consecuencias especialmente graves para sectores vulnerables, incluidas las personas con enfermedades crónicas.
Sin embargo, la situación de Camagüey también vuelve a plantear interrogantes sobre el deterioro acumulado del sistema sanitario cubano, el envejecimiento de los equipos, la falta de mantenimiento, los problemas energéticos y la capacidad del Estado para garantizar recursos esenciales a los hospitales.
Las sanciones estadounidenses pueden dificultar determinadas operaciones comerciales y financieras, especialmente cuando intervienen bancos, proveedores o componentes vinculados a empresas estadounidenses. Pero atribuir exclusivamente a Washington una crisis sanitaria de esta magnitud deja fuera del análisis otros factores internos que durante años han afectado al sistema de salud cubano.
Lo más preocupante, más allá del debate político sobre responsabilidades, es que más de 150 personas dependen de un número reducido de equipos para recibir un tratamiento indispensable para continuar con vida.
En Camagüey, médicos y enfermeros continúan intentando sostener el servicio. Pero la realidad reconocida por las propias autoridades es contundente: máquinas averiadas, falta de repuestos, problemas eléctricos y tratamientos reorganizados para poder atender a todos los enfermos.
Fotos: Miozotis Fabelo Pinares
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