El Gobierno cubano formalizó este lunes una nueva normativa que permite el congelamiento inmediato de cuentas bancarias, activos financieros y criptomonedas bajo sospechas relacionadas con presunto lavado de activos o financiamiento al terrorismo, incluso sin que exista necesariamente un proceso penal abierto contra la persona afectada.
La medida aparece recogida en la Resolución 6/2026 del Ministerio del Interior (MININT), publicada en la Gaceta Oficial número 65, y otorga amplias facultades a la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI) y a la Dirección General de Investigación Criminal para ordenar la inmovilización de recursos financieros considerados sospechosos por las autoridades.
Según el texto divulgado, las instituciones financieras deberán ejecutar el bloqueo de fondos de forma inmediata una vez recibida la orden correspondiente, notificando posteriormente al titular afectado. La normativa también contempla la posibilidad de actuar basándose en informes de inteligencia, investigaciones policiales u otros elementos considerados relevantes por las autoridades competentes.
Uno de los puntos que más debate ha generado es que la resolución establece que estas medidas podrán aplicarse “sin que medie necesariamente un proceso penal”, además de incluir referencias a criterios relacionados con “conocimiento público y notorio” dentro de los elementos que podrían influir en determinadas decisiones administrativas vinculadas a las listas de personas o entidades sujetas a restricciones financieras.
Aunque el documento menciona mecanismos de reclamación y apelación ante tribunales y autoridades administrativas, también aclara que la presentación de recursos no suspenderá automáticamente la ejecución del congelamiento. Esto significa que los fondos o activos permanecerían bloqueados mientras se desarrolla cualquier revisión legal o administrativa posterior.
La normativa entra en vigor de manera inmediata y lleva la firma del ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas. La publicación ocurre en medio de un escenario de creciente presión económica dentro de Cuba, marcado por expansión del uso informal de divisas y criptomonedas, dificultades bancarias y un aumento de los controles estatales sobre operaciones financieras consideradas sensibles.
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