Las autoridades cubanas extendieron por otros 12 meses el proceso destinado a regularizar la propiedad de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales, una medida que vuelve a poner en evidencia la magnitud del desorden jurídico y constructivo acumulado durante décadas en el sector habitacional.
La nueva prórroga quedó establecida en junio y permitirá que los llamados ocupantes naturales de los inmuebles puedan iniciar los trámites para convertirse en propietarios legales, según informó Yamila Capote Rodríguez, responsable de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo en Jaruco, provincia de Mayabeque.
Los interesados deberán acudir a la oficina ubicada en la avenida 25 de la llamada Ciudad Condal. Los lunes estarán destinados al inicio de los trámites y los miércoles a la recogida de documentos correspondientes a expedientes ya abiertos.
También podrán solicitar la legalización quienes ocupen viviendas en condición de usufructo, así como personas residentes en cuartos, habitaciones o accesorias que hayan sido transformadas en hogares. La disposición incluye, además, inmuebles y locales construidos o aún en ejecución por el Estado que no cumplieron en su momento con las formalidades legales.
La medida refleja una realidad ampliamente extendida en Cuba, donde miles de familias viven desde hace años en inmuebles sin títulos de propiedad, construcciones improvisadas, ampliaciones no autorizadas o locales adaptados como viviendas ante la falta de alternativas habitacionales.
El problema no se limita a la documentación. Buena parte del fondo habitacional cubano presenta un avanzado estado de deterioro, con filtraciones, techos inestables, hacinamiento y riesgo de derrumbe. A pesar de ello, la respuesta institucional vuelve a concentrarse en los trámites y las sanciones, mientras la construcción y reparación de viviendas continúa muy por debajo de las necesidades acumuladas.
Las autoridades advirtieron que, una vez concluido el nuevo plazo, podrán aplicarse sanciones dentro del denominado plan de enfrentamiento a las ilegalidades. El anuncio resulta especialmente cuestionable en un país donde muchas de esas irregularidades no surgieron por elección, sino por la ausencia prolongada de viviendas, materiales de construcción y respuestas estatales efectivas.
Para numerosas familias, legalizar una vivienda no significa que esta sea segura, digna o habitable. La prórroga puede resolver parte del limbo jurídico, pero no corrige el deterioro estructural ni la incapacidad gubernamental para garantizar un techo adecuado a una población obligada durante años a sobrevivir entre ruinas, construcciones precarias y expedientes burocráticos.
Fuente: información de Nileyan Reyes Miranda y autoridades de Ordenamiento Territorial y Urbanismo en Jaruco.
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