El Gobierno cubano anunció nuevas medidas para facilitar la participación de cubanos residentes en el exterior en la economía nacional, incluyendo su acceso a negocios privados, proyectos productivos y al sistema financiero. El anuncio fue realizado por el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, durante una intervención televisiva este 16 de marzo.
Las disposiciones permiten que los emigrados puedan ser socios o propietarios de empresas privadas en Cuba, incluso sin residencia efectiva en el país, ampliando significativamente su papel dentro del sector no estatal. Además, se abre la posibilidad de participar en proyectos de mayor escala, incluyendo iniciativas vinculadas a infraestructuras y desarrollo productivo.
El funcionario explicó que también podrán asociarse con empresas privadas, cooperativas y entidades estatales, lo que amplía el espectro de cooperación económica en un contexto marcado por la necesidad de captar inversión y dinamizar sectores clave.
En el ámbito agropecuario, se prevé la entrega de tierras en usufructo para proyectos productivos, con el objetivo de canalizar capital y experiencia desde el exterior hacia la producción nacional.
Otra de las medidas relevantes es la apertura del sistema financiero, que permitirá a los cubanos en el exterior abrir cuentas en divisas en bancos cubanos, acceder a instrumentos financieros e incluso participar en fondos de inversión. Estas operaciones estarán reguladas por el Banco Central de Cuba, que otorgará las licencias correspondientes.
Entre las disposiciones adicionales, se contempla la posibilidad de operar como proveedores de servicios de activos virtuales, así como la creación de fondos destinados a proyectos de cooperación o inversión con alcance local y nacional.
Durante su intervención, Pérez-Oliva Fraga afirmó que Cuba mantiene disposición a ampliar el comercio con empresas internacionales, incluidas estadounidenses, aunque señaló que estas opciones continúan condicionadas por las restricciones externas.
Las medidas forman parte de un paquete económico más amplio previsto para 2025 y 2026, que incluye la creación de un mercado cambiario con tasa flotante, la flexibilización de la inversión extranjera y una mayor autonomía para que los municipios aprueben proyectos privados.
El anuncio refleja un giro en la política económica hacia una mayor apertura al capital externo, particularmente el de la diáspora, en un contexto de limitaciones financieras internas y creciente presión sobre el sistema productivo del país.
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