La Asamblea Nacional de Cuba aprobó nuevas leyes sobre vivienda e identidad personal en medio de una acelerada apertura a la inversión privada, incluida la participación de cubanos residentes en el extranjero. Las reformas son presentadas oficialmente como una modernización económica, pero también plantean una pregunta inevitable: ¿quiénes podrán aprovecharlas en un país donde la mayoría de los ciudadanos apenas consigue cubrir sus necesidades básicas?
La nueva Ley de la Vivienda elimina la confiscación de inmuebles por la salida definitiva de sus propietarios y permite que las personas naturales posean hasta dos viviendas, además de una destinada al descanso o veraneo. También amplía la intervención privada en la construcción y autoriza la transferencia de inmuebles declarados en ruina a personas o empresas que puedan rehabilitarlos.
Sobre el papel, estas disposiciones representan un reconocimiento más amplio de la propiedad privada. Sin embargo, llegan a una sociedad marcada por salarios insuficientes, inflación, escasez de alimentos y medicamentos, apagones prolongados y una fuerte desigualdad entre quienes reciben divisas o poseen conexiones empresariales y quienes dependen exclusivamente de ingresos estatales.
La posibilidad de adquirir varias propiedades, rehabilitar edificios o invertir en proyectos privados difícilmente estará al alcance del cubano que vive de un salario o una pensión. Los principales beneficiarios podrían ser empresarios con capital acumulado, inversionistas de la diáspora y personas vinculadas a estructuras económicas con acceso privilegiado a divisas, permisos, importaciones y contratos.
La preocupación aumenta ante la expansión de negocios presentados como privados cuya propiedad real, fuentes de financiamiento o relaciones con altos funcionarios no siempre resultan transparentes. El anuncio de una primera casa de cambio privada y la invitación gubernamental a que cubanos residentes en Estados Unidos y empresas extranjeras inviertan en la isla reflejan un giro pragmático: después de décadas de restricciones, el capital privado vuelve a ser necesario para sostener una economía exhausta.
El problema no es permitir la inversión ni reconocer derechos de propiedad. El problema es hacerlo sin competencia transparente, tribunales independientes, acceso equitativo al crédito y mecanismos eficaces para impedir que funcionarios, familiares, intermediarios o grupos cercanos al poder se apropien de los activos más valiosos. Sin esas garantías, la apertura corre el riesgo de convertirse en una redistribución de propiedades dentro de la misma élite, ahora bajo la etiqueta de sector privado.
El Parlamento también aprobó la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, que centraliza bajo estructuras del Ministerio del Interior los datos de cubanos residentes dentro y fuera del país. El sistema contempla información registral y biométrica, incluidas fotografías, huellas dactilares y otros rasgos físicos empleados para identificar a cada persona.
Aunque las autoridades aseguran que la norma busca proteger la identidad y mantener actualizados los domicilios, organizaciones independientes han advertido sobre los riesgos de vigilancia y uso abusivo de datos personales. La ausencia de controles institucionales independientes deja dudas sobre quién podrá consultar esa información, durante cuánto tiempo será almacenada y qué recursos tendrá un ciudadano para impugnar un uso indebido.
Cuba parece avanzar hacia un modelo en el que se permiten mayores espacios de propiedad y acumulación privada, pero sin modificar la estructura política que decide quién recibe autorizaciones, contratos, financiamiento y protección. Mientras una minoría se prepara para comprar, construir, invertir y operar negocios financieros, millones de cubanos continúan concentrados en sobrevivir al próximo apagón, conseguir alimentos o completar el dinero necesario para llegar a fin de mes.
La isla no solo está cambiando sus leyes: también está repartiendo oportunidades y activos en uno de los momentos de mayor vulnerabilidad económica de su población. La cuestión decisiva será si estas reformas crearán prosperidad accesible o si terminarán consolidando una nueva clase propietaria formada por antiguos funcionarios, allegados al poder y empresarios favorecidos, mientras el cubano de a pie observa cómo el país se vende por partes sin disponer de dinero para comprar siquiera una.
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