La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este martes que ExxonMobil mantenga activa una demanda contra varias empresas estatales cubanas por el uso de propiedades petroleras confiscadas en 1960, una decisión que podría abrir nuevos riesgos legales para entidades vinculadas al Gobierno de la isla.
La sentencia, aprobada por seis votos contra tres, anuló un fallo anterior que había reconocido inmunidad soberana a las compañías cubanas demandadas. El expediente regresará ahora a un tribunal inferior, donde continuará el análisis sobre la posible responsabilidad de esas entidades y el monto de una eventual compensación.
El conflicto se remonta a la nacionalización de instalaciones pertenecientes a Standard Oil, antecesora de ExxonMobil. Entre los bienes confiscados figuraban una refinería, terminales de almacenamiento y más de un centenar de estaciones de servicio, sin que la empresa recibiera indemnización.
ExxonMobil sostiene que compañías estatales cubanas, entre ellas CIMEX, han seguido utilizando y obteniendo ingresos de esos activos durante décadas. La petrolera reclama una compensación por pérdidas que inicialmente fueron valoradas en decenas de millones de dólares, además de los intereses acumulados.
La demanda fue presentada bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, una disposición que permite a ciudadanos y empresas estadounidenses reclamar ante los tribunales por el aprovechamiento comercial de propiedades confiscadas por las autoridades cubanas.
El principal debate jurídico consistía en determinar si las empresas estatales podían quedar protegidas por la inmunidad que normalmente ampara a gobiernos extranjeros. La mayoría de los magistrados concluyó que esa protección no impide automáticamente las reclamaciones presentadas bajo la Helms-Burton.
El fallo no significa que ExxonMobil haya ganado definitivamente el caso, pero elimina una de las principales barreras legales que enfrentaba la compañía. Los tribunales inferiores deberán decidir ahora si las empresas demandadas se beneficiaron de forma ilícita de las propiedades y qué daños podrían corresponder.
La decisión podría tener consecuencias más amplias para otras entidades cubanas y compañías extranjeras que operen en instalaciones o negocios vinculados a propiedades nacionalizadas después de 1959. También refuerza la presión judicial sobre La Habana en un momento de mayores restricciones económicas y sanciones desde Washington.
Según reportó Telemundo 51, se trata del segundo pronunciamiento reciente de la Corte Suprema favorable a antiguos propietarios estadounidenses de bienes confiscados en Cuba.
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