El Congreso de los Diputados de España aprobó una resolución en la que expresa su respaldo a una transición democrática, pacífica y ordenada en Cuba e insta al Gobierno de Pedro Sánchez a apoyar el denominado Acuerdo de Liberación, una iniciativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil cubana. Aunque la medida no es vinculante, representa un importante pronunciamiento político de la Cámara Baja.
La iniciativa fue aprobada con los votos favorables del Partido Popular (PP), VOX y Junts per Catalunya, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar votaron en contra durante el debate parlamentario.
El texto aprobado solicita al Ejecutivo español promover, junto con otros aliados internacionales comprometidos con los valores democráticos, una estrategia diplomática que respalde los principios contenidos en el Acuerdo de Liberación, una propuesta que plantea una transición política por vías pacíficas en la isla.
Además, la resolución plantea fortalecer el apoyo político, diplomático y material a organizaciones de la sociedad civil cubana, defensores de derechos humanos, familiares de presos políticos, periodistas independientes y grupos dedicados a documentar denuncias sobre violaciones de derechos fundamentales.
Otro de los puntos incluidos en la iniciativa propone que la cooperación española garantice que sus recursos no contribuyan, de manera directa o indirecta, al sostenimiento de estructuras vinculadas al aparato estatal cubano.
Durante la sesión parlamentaria, la diputada del Partido Popular Belén Hoyo Juliá defendió la propuesta argumentando que la situación de Cuba requiere una respuesta firme en favor de las libertades y los derechos fundamentales. Asimismo, sostuvo que el futuro político de la isla debe estar determinado por la voluntad de sus ciudadanos.
Por el contrario, la representante del PSOE Rafaela Romero Pozo rechazó la iniciativa al considerar que ofrece una visión parcial de la realidad cubana y negó que el Gobierno español mantenga una política de complacencia hacia las autoridades de la isla.
Desde Sumar, el diputado Enrique Santiago también expresó su oposición, señalando que una parte importante de las dificultades económicas y sociales que enfrenta Cuba está relacionada con las sanciones impuestas por Estados Unidos y cuestionó que la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre las autoridades cubanas.
Aunque la resolución no obliga legalmente al Gobierno español a adoptar las medidas propuestas, constituye una declaración política del Congreso que evidencia el creciente interés de parte del Parlamento español por el debate sobre el futuro democrático de Cuba y el papel que España podría desempeñar en ese proceso.
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