Un fallo judicial en México contra la aerolínea Global Air (Aerolíneas Damojh) ha reactivado el debate sobre el accidente aéreo ocurrido en Cuba en mayo de 2018, donde murieron 112 personas y solo hubo una sobreviviente. La decisión, aún no firme, marca un punto de inflexión en la búsqueda de justicia para las víctimas.
La sentencia establece la responsabilidad de la empresa y ordena el pago de 7,12 millones de dólares en indemnizaciones a las familias de cuatro tripulantes fallecidos. Cada núcleo familiar recibiría más de 1,7 millones de dólares, incluyendo compensaciones por daños morales y perjuicios económicos, además de intereses anuales una vez que el fallo sea definitivo.
El accidente tuvo lugar el 18 de mayo de 2018, cuando un Boeing 737-200 arrendado por Cubana de Aviación se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, rumbo a Holguín. La única sobreviviente, Mailén Díaz Almaguer, se ha convertido en símbolo de la tragedia, marcada por secuelas físicas permanentes y años de recuperación.
Más allá de la compensación económica, el fallo judicial introduce elementos clave que reconfiguran la narrativa del siniestro. Durante el proceso, se presentaron evidencias sobre irregularidades en el mantenimiento, incluyendo presunta falsificación de registros y la posible omisión de advertencias técnicas que cuestionaban la operatividad de la aeronave. El dictamen pericial calificó el hecho como un “accidente institucional”, sugiriendo que las fallas no fueron aisladas, sino estructurales dentro de la organización.
Este punto resulta especialmente relevante, ya que durante años se promovió la hipótesis de error humano como causa principal. Sin embargo, nuevas interpretaciones y análisis técnicos han puesto en duda esa versión, apuntando a deficiencias más profundas relacionadas con la gestión operativa y los estándares de seguridad.
El caso podría escalar aún más. La sentencia abre la puerta a nuevas demandas, incluyendo acciones colectivas por parte de familiares de pasajeros, lo que ampliaría significativamente el alcance legal y financiero del proceso.
A ocho años del accidente, la decisión judicial no solo representa un avance para las familias afectadas, sino que también expone una realidad incómoda: la tragedia pudo haber sido el resultado de una cadena de negligencias evitables. En ese sentido, el fallo no cierra el capítulo, sino que lo reabre con mayor profundidad, obligando a revisar no solo la responsabilidad de la aerolínea, sino también los mecanismos de supervisión y contratación que permitieron la operación de la aeronave.
La justicia, en este caso, llega tarde, pero introduce un elemento fundamental: el reconocimiento de que detrás del accidente no hubo únicamente fatalidad, sino posibles decisiones humanas que hoy comienzan a ser juzgadas.
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