El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, atribuyó este lunes al embargo de Estados Unidos buena parte del deterioro que atraviesa el sistema sanitario cubano, incluido el fuerte aumento de la mortalidad infantil registrado en los últimos años.
Durante su comparecencia pública, el canciller volvió a sostener que las sanciones estadounidenses dificultan la adquisición de medicamentos, equipos, insumos médicos y combustible, y afectan directamente la capacidad del país para garantizar servicios esenciales de salud.
El deterioro de la mortalidad infantil constituye uno de los datos más preocupantes. Cuba pasó de registrar alrededor de 4 fallecidos menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos en 2018 a cifras cercanas a 10 por cada 1.000 en los años más recientes, un retroceso considerable para un indicador que durante décadas fue presentado como uno de los principales logros del sistema sanitario cubano.
Sin embargo, muchos cubanos consideran que las sanciones externas no explican por sí solas la profundidad de la crisis. Aunque reconocen las limitaciones provocadas por el embargo, también responsabilizan a la mala gestión, la falta de recursos, el deterioro hospitalario, la emigración de profesionales y décadas de decisiones internas fallidas.
La realidad sanitaria en Cuba es hoy especialmente dolorosa. Faltan medicamentos, existen equipos médicos averiados, hospitales con problemas de electricidad y agua y numerosas familias deben buscar por sus propios medios productos básicos para atender a pacientes.
El embargo puede agravar estas dificultades, pero convertirlo en la explicación de todos los problemas deja sin responder una pregunta esencial: qué responsabilidad tienen también las políticas internas en el deterioro de un sistema de salud que durante años fue uno de los principales símbolos del país.
Detrás de cada cifra de mortalidad infantil no hay únicamente una estadística, sino niños fallecidos y familias marcadas por pérdidas irreparables.
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