Un exfuncionario de alto nivel del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) fue arrestado junto a otro hombre bajo acusaciones federales de participar durante años en un presunto esquema para recibir dinero a cambio de favorecer y acelerar trámites migratorios.
Los acusados fueron identificados como Lukman Owolabi Ganiyu, exempleado de USCIS, y Adeniyi Akeem Somoye. Según informó la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Texas, ambos fueron detenidos por agentes federales el 2 de septiembre.
La denuncia sostiene que, entre diciembre de 2019 y marzo de 2026, Ganiyu habría aprovechado su posición dentro de USCIS para intervenir irregularmente en expedientes migratorios. Entre los trámites señalados aparecen peticiones familiares I-130, ajustes de estatus I-485, solicitudes I-751 para eliminar condiciones de residencia y procesos de naturalización N-400.
Los investigadores aseguran que el exfuncionario presuntamente evitó entrevistas, controles de supervisión, verificaciones de antecedentes y otros procedimientos internos para facilitar determinadas aprobaciones. Las autoridades alegan que algunos beneficiarios ni siquiera cumplían todos los requisitos establecidos por la legislación federal.
De acuerdo con la acusación, Ganiyu y Somoye habrían recibido en conjunto cientos de miles de dólares procedentes de solicitantes de beneficios migratorios. La investigación también habría encontrado numerosas comunicaciones mediante WhatsApp, incluidos miles de mensajes y cientos de llamadas vinculadas con los casos investigados.
“Vender beneficios migratorios por dinero es un abuso flagrante de la confianza pública”, declaró el fiscal federal Ryan Raybould. El FBI en Dallas señaló, por su parte, que manipular decisiones migratorias para obtener beneficios personales compromete la integridad del sistema.
Los dos hombres comparecieron inicialmente ante un juez federal el 2 de septiembre. De ser declarados culpables, cada uno podría enfrentar hasta cinco años de prisión federal y una multa de hasta 250.000 dólares.
Las acusaciones contenidas en una denuncia penal son alegaciones y los imputados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
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