El líder de Vox, Santiago Abascal, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar la Ley de Memoria Democrática para incorporar al censo electoral español a cientos de miles de cubanos cuyos votos, según afirmó, estarían “controlados por el castrismo”.
“Solo en Cuba la mafia de Sánchez va a acceder a cientos de miles de votos controlados por el castrismo”, escribió Abascal en sus redes sociales. El dirigente añadió que el presidente del Gobierno estaría preparando “el golpe definitivo” para mantenerse en el poder y presentó el proceso de nacionalización como una amenaza para el Estado de derecho.
Las declaraciones surgieron después de la publicación de un reportaje que asegura que más de 350.000 cubanos iniciaron trámites al amparo de la llamada Ley de Nietos, una cifra que representaría aproximadamente una de cada siete solicitudes presentadas en todo el mundo.
Abascal también cuestionó que España conceda la nacionalidad a personas que nunca han residido en territorio español y señaló la participación de una empresa estatal cubana en la contratación de personal para reforzar los servicios del Consulado de España en La Habana.
Sin embargo, el líder de Vox no presentó pruebas públicas que demuestren que los cubanos nacionalizados hayan recibido instrucciones para votar por Sánchez, que sus votos estén controlados por las autoridades de La Habana o que exista una operación coordinada entre ambos gobiernos para alterar unas elecciones.
Obtener la nacionalidad española tampoco convierte automáticamente a una persona en votante efectivo. Para participar desde Cuba, el ciudadano debe figurar en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, cumplir los procedimientos establecidos y emitir personalmente un voto que, como en el resto del sistema electoral español, es libre y secreto.
Las palabras de Abascal provocan además una generalización difícil de sostener sobre una comunidad políticamente diversa. Entre los beneficiarios de la ley existen descendientes de españoles, opositores, exiliados, antiguos presos políticos, personas cercanas al Gobierno cubano y ciudadanos sin militancia política conocida. No hay evidencias que permitan atribuir a todos ellos una misma orientación electoral.
Para miles de familias cubanas, la nacionalidad española no representa un premio concedido por el PSOE, sino el reconocimiento de un vínculo familiar contemplado por una ley aprobada en España. Muchos solicitantes buscan reunificación familiar, libertad de movimiento, protección consular o una alternativa frente a la crisis económica y política de la Isla.
También resulta contradictorio colocar bajo sospecha colectiva a cubanos que durante años han sido cortejados por Vox debido a su rechazo al comunismo. Una parte visible del exilio cubano en España mantiene posiciones conservadoras y ha expresado públicamente simpatías por Vox o por el Partido Popular, aunque esas opiniones individuales tampoco permiten anticipar el comportamiento de cientos de miles de personas.
Sí es legítimo debatir el alcance de la Ley de Memoria Democrática, la capacidad del sistema consular para comprobar los documentos y la participación de entidades estatales cubanas en servicios vinculados al Consulado. Lo que requiere pruebas mucho más sólidas es afirmar que una comunidad completa actúa bajo las órdenes de La Habana o que votará como agradecimiento a Pedro Sánchez.
El debate sobre la nacionalidad debe centrarse en la legalidad, la transparencia y la verificación de los expedientes, sin convertir a miles de cubanos españoles en sospechosos por su lugar de nacimiento. Hasta ahora, Abascal ha presentado una grave acusación política, pero no evidencias que demuestren la existencia de un voto cubano organizado y controlado por el Gobierno de la Isla.
Al cierre de esta edición, nuestro medio intentó ponerse en contacto con la sede de Vox en Madrid; sin embargo, hasta el momento no ha obtenido respuesta.
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